El Perro Maldito; Planes de Seguridad y Responsabilidades

El pasado 3 de agosto de 2016, el Juzgado de Instrucción nº2 de Telde (Las Palmas, Islas Canarias), decretó AUTO de Sobreseimiento Libre, así como el Archivo de las Diligencias abiertas por el llamado caso del “Perro Maldito”.

Para quien no conozca el caso, todo ocurrió la madrugada del 28 al 29 de septiembre de 2011, en las fiestas populares, denominadas “La Suelta del Perro Maldito”, celebradas en el municipio de Valsequillo (Las Palmas, Islas Canarias), en las cuales se produjo un incendio en mitad de la zona donde se ubicaba el público asistente.

El Perro Maldito; Planes de Seguridad y Responsabilidades
Actuación Perro Maldito. Fuente: http://www.que.es/

El caos se apoderó de la gente que intentaba correr en todas direcciones para evitar ser alcanzada por la llamas de una estructura metálica portante decorada con materiales inflamables (telas, pegamento, etc.), que caía sin control desde una altura aproximada de 3 metros y que segundos antes bailaba acompañado de varios colaboradores que portaban antorchas y realizan el clásico “escupe fuegos” en medio del público presente. Este trágico suceso tuvo como consecuencia el fallecimiento de dos personas del público asistente, así como más de una quincena resultaron lesionadas de diversa gravedad.

Más allá de la opinión crítica o favorable, que cualquier ciudadano pueda tener sobre el propio suceso o sobre esta sentencia, en lo concerniente a su transformación en procedimiento de Justicia Restaurativa y la determinación de responsabilidades de cara al resarcimiento legítimo de las víctimas. Tras una profunda lectura, llama la atención ciertos aspectos entorno a la elaboración de los Planes de Seguridad o Autoprotección que supuestamente rigen este tipo de eventos y que la propia sentencia valora.

Para entender mejor lo sucedido, es necesario recordar que ese año (abril, 2011), en Canarias ya existía una normativa concreta, de obligado cumplimiento, que determina las medidas de seguridad para este tipo de eventos (LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias), así como el Real Decreto393/2007 sobre autoprotección de ámbito nacional, aunque bien es cierto que el art. 38-c de la citada Ley, no profundiza en las medidas a establecer en dicho Plan de Autoprotección, ya que supuestamente estaría definido en un posterior Reglamento que no se aprobó hasta agosto de 2013 (Decreto 83/2013), casi dos años después del trágico suceso, y en el que sí se especifica la modalidad del Plan de Seguridad según el tipo de espectáculo y su aforo.

La mencionada sentencia, previo informe del Ministerio Fiscal, concluye el proceso de justicia restaurativa respecto a los acusados principales (los portadores de las antorchas y disfraces, y los dinamizadores voluntarios del evento), a excepción del entonces Concejal de Seguridad del Ayto. de Valsequillo, para el cual se solicitó Juicio por Delito Leve a efectos de responsabilidad civil, por entender que esa figura ostenta la máxima responsabilidad, no solo por tener la obligación de prever el riesgo en este tipo de actos, sino por, cito textualmente:

“no cumplirse los estándares mínimos legalmente exigibles conforme a la normativa aplicable en esta materia al no prever el uso de trajes elaborados con materiales ignífugos o la correcta situación de las rutas de evacuación, de las medidas contraincendios y de los vehículos de emergencias”.

Cabe también mencionar la exculpación del Responsable de Protección Civil en aquellos momentos, por su implicación en la redacción del Plan de Seguridad, que según el propio AUTO, fue un acto “voluntario y desinteresado”. Siendo el propio escrito de la Fiscalía el que afirma las dos deficiencias sin las que no se hubieran producido los hechos lesivos para la vida y la integridad física de las personas:

La Ausencia de un puesto de Control de Fuego y de un Plan de Evacuación eficaz; lo primero viene a significar que habría que ubicar los actos con fuego en un lugar acotado, provisto de medidas de seguridad específicas, algo lógico y de sentido común, sino fuera porque va en contra de la propia esencia y tradición de esta fiesta popular; que un “Perro Maldito” recorra las calles provisto de fuego, y que ya se venía celebrado desde hace 24 años, cada año con más público asistente. En cuanto al Plan de Evacuación; hoy es fácil decir que el lugar no cumple con las vías mínimas para evacuar eficazmente a miles de personas, tampoco lo eran en los años anteriores, sobre todo porque la asistencia de público no era el mismo, incrementándose exponencialmente cada año, atraídos por este espectáculo callejero.

Momento del Accidente. Fuente: http://www.abc.es/
Momento del Accidente. Fuente: http://www.abc.es/

En el mismo escrito de Fiscalía se afirma que hubo una falta de diligencia en la elaboración del Plan de Seguridad, directamente relacionada con el resultado lesivo, y que tuvo que ver con la forma con la que el mismo fue redactado y las dos importantes deficiencias que fueron anteriormente advertidas, sobre todo teniendo en cuenta que esta persona cuenta con la habilitación de Director de Seguridad expedida por la Universitat de Barcelona.

“Así, la persona que elaboró dicho Plan de Seguridad…, si bien es cierto que contaba con una dilatada experiencia en ese cargo de más de una década, no lo es menos que contaba con una parca cualificación curricular y formativa para la elaboración de dicho documento. Sin embargo, determina la graduación de la falta de diligencia, el que la designación de esta persona y el contenido del Plan de Emergencia fuese avalado y aprobado por unanimidad por la Junta Local de Seguridad (integrada, entre otros, por el Jefe de la Policía Local de Valsequillo y el Sargento de la Guardia Civil de San Mateo), lo que, sin duda, nos coloca en un escenario que atenúa la imprudencia”.

Como Director de Seguridad habilitado por la Universidad Autónoma de Barcelona, y Graduado en Seguridad y Control de Riesgos (Universidad de Las Palmas de G.C.), siempre he sido crítico con la actual permisividad para la elaboración de este tipo de Planes de Seguridad, por quienes dicen ser “Técnicos Competentes”, no tanto por la experiencia curricular e individual de cada persona, sino por los contenidos deficientes y/o nulos que se incluyen el los programas formativos de esta habilitación (véase artículos publicados en sep. 2013), que recordemos, no es una “titulación” en el sentido más curricular de la palabra.

Para poner algo de orden, el propio Gobierno de Canarias publicó el Decreto 67/2015 por el que se aprobó el Reglamento de Autoprotección, pero este reglamento permitía lo que se llegó a denominar la Vía Vasca, que permitía obtener dicha autorización como Redactor de Planes de Autoprotección en Canarias a través del País Vasco, el cual sí reconoce la habilitación de Director de Seguridad para ejercer dichas responsabilidad en su territorio y que por igualdad normativa autorizaba de facto a los interesados en Canarias, algo que parece haberse frenado por el propio Gobierno Vasco.

Con todo esto, uno puede llegar a pensar que en Canarias existe un antes y un después de lo ocurrido éste fatídico septiembre de 2011. Pasó lo mismo en Madrid tras el “Madrid Arena”. Habrá quien piense que se ha hecho justicia, otros dirán que la justicia en este país no existe y que el dinero lo mueve todo. Lo cierto es que con esta sentencia, podría crearse el precedente de que, en cualquier otro suceso similar, la voluntariedad o acción desinteresada de los implicados serviría de atenuante, por cuanto las autoridades políticas no considerarían punible su responsabilidad in vigilando, lo que iría en detrimento de la seguridad en este tipo de espectáculos que la propia Fiscalía demandaba.

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