El Técnico Competente dentro de la Norma Básica de Autoprotección (III)

Analizadas las competencias formativas de las titulaciones mencionadas en la segunda parte de este artículo, en referencia a aquellas titulaciones o profesiones que más se acercan a la definición del Técnico Competente que se menciona en el Art. 4.1.b del RD 393/2007, solo queda aportar las conclusiones a las que este autor ha llegado con este análisis.

La Autoprotección

Es evidente que la Normativa de Autoprotección española fue una evolución más de las medidas de seguridad implantadas tras los atentados del 11-S (NY, 2001), donde la capacidad gubernamental se vio mermada por la falta de instrumentos de protección personal cimentados en la cultura de seguridad, lo que lleva a pensar en la necesidad de establecer medios y recursos suficientes para equilibrar eficazmente los riesgos, las vulnerabilidades y las amenazas que pueden afectarnos, siendo capaces de auto-protegernos de los posibles peligros o agresiones internas y/o externas, para que sólo en última instancia solicitemos ayuda externa.

Lo primero que llama la atención dentro de la Norma Básica de Autoprotección son sus contenidos, que establecen unos parámetros mínimos de obligado cumplimiento por el resto de administraciones (Gobiernos Autonómicos, las Diputaciones, los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos), y que por tanto se pueden y deben adaptar esas exigencias al resto de actividades desde el punto de vista de la protección de los ciudadanos, promoviendo una misma cultura de seguridad a través de la aprobación de su propia normativa al respecto.

En materia de Seguridad y Emergencias, los estándares universitarios y la normativa actual permiten modificar el falso axioma sobre la definición generalizada de Seguridad, superando la ya mencionada traducción latina (Safety/Security) por una más adaptada a la cultura anglosajona, que establece una diferenciación más clara de lo que entendemos hoy en día por Seguridad, concibiendo la Norma Básica de Autoprotección; como la Security (Protección) y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; como Safety (Prevención). Esto permite caracterizar las futuras normativas, que en opinión de este autor, deberían establecer ciertas líneas de diferenciación que esclarezcan por sí mismas las competencias de cada Técnico Competente en un sentido u otro, consiguiendo con ello, una rigurosa diferencia en nuestra comprensión de la Seguridad como ciudadanos de habla hispana. Sobre todo, por la creencia firme en la “Autoprotección” como herramienta social que debería implantarse en España, al igual que se hace en otros países, a niveles educativos (infantil y primaria), entendida como: “la capacidad de protección de uno mismo para sí mismo“.

Esta Autoprotección unida a la utilización de elementos de análisis, permitirán equilibrar la inversión y las necesidades reales, cuyos fundamentos legales actuales han pasado de una mera recomendación, a una obligación sujeta a condiciones que encuentran umbrales de exigencias poco coherentes con la realidad actual, lo que fomenta la idea de plantear futuras exigencias de calidad incluidas también en la seguridad, que fomenten medidas reales, en un claro intento por no evolucionar la seguridad a golpe de normativa, al igual que ha ocurrido en otros sectores como el turístico o el laboral.

Por otro lado, la necesidad de registro del correspondiente Plan de Autoprotección, a diferencia de los Planes de Seguridad Laboral, no solo son el cumplimiento a los trámites exigidos para la puesta en marcha de las actividades, sino que al igual que en otras Comunidades Autónomas[1], donde ya cuentan con Normativa de Autoprotección Autonómica, sirven para que los organismos de Emergencias y Seguridad tengan conocimiento directo de los aspectos más importantes que conforman dichos planes, permitiéndoles actuar, en caso de emergencia, con información real de la actividad a la que se enfrentan. Cuestión aparte es el Visado de estos Planes de Autoprotección por Colegios Profesionales, y que no es requisito obligatorio según lo que se desprende de la Normativa de Autoprotección, tanto en su modalidad Nacional como en las diversas modalidades autonómicas revisadas, sobre todo porque este proceso de Visado se ha venido malinterpretando bajo la creencia de que garantizaban la fiabilidad de los aspectos técnicos que se incluyen en los proyectos, cuando en realidad simplemente daban conformidad a que el Técnico que lo redacta tenía las atribuciones y competencias exigibles y además estaba formalmente colegiado para su actividad profesional[2].

El Técnico Competente

Dentro del debate por definir al Técnico Competente en el ámbito de la Normativa de Autoprotección, este autor considera que; si bien no hay una única titulación que ostente este calificativo per se, sí creo en la necesidad de que las titulaciones calificadas como Técnicos Competentes, deban contemplar una formación mínima reglada, como mínimo, a nivel universitario, y que además abarque todas las cuestiones que engloban la tan repetida materia en Seguridad y Emergencias, puesto que en nuestro país existen numerosos profesionales con conocimientos sin titulación y profesionales con titulación sin conocimientos.

Es necesario recordar que en España no se pueden establecer competencias con carácter exclusivo y excluyente según diversas Sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, pero es lógico pensar que para realizar ciertas especialidades profesionales, de deba estar provisto de conocimientos reglados, sobre todo en el ámbito de la seguridad, cuya definición es tan amplia que me reafirmo en la necesidad de que se establezcan ciertas exigencias básicas conforme a una formación universitaria reglada.

Es aquí donde la evolución de los procesos de gestión en materia de Seguridad, Emergencias y el control de Riesgos, han hecho que surjan nuevas Titulaciones Universitarias, no solo en España, sino en países en vías de desarrollo con amplia experiencia en la cultura de la seguridad, fruto de su propia inseguridad.

Como residente en Canarias, permítanme también hacer una mención especial a la aplicación de la Norma Básica de Autoprotección en mi Comunidad Autónoma, cuya justificación queda amparada por las propias competencias en materia de Protección Civil que ha asumido el Gobierno de Canarias desde 2007 y en donde la presencia de actividades incluidas en la Norma Básica de Autoprotección, obligan a: elaborar, implantar y mantener operativos los Planes de Autoprotección, atendiendo a los cambios, no solo sociales e industriales, sino también por el cambio climático que se ha venido observando en Canarias en la última década y que nos obliga a establecer unas condiciones mínimas de seguridad para las actividades que aquí se desarrollan, reduciendo no solo las vulnerabilidades por los problemas de comunicación y desplazamiento entre nuestras islas, sino su incremento debido a la distancia que nos separa del territorio peninsular.

Por ello, fue muy grato observar como el propio Gobierno de Canarias a través de su Dirección General de Seguridad y Emergencias ya ha redactado un borrador de Normativa de Autoprotección Autonómica, con la esperanza de que el Decreto final exija un seguimiento de la aplicación de dichas obligaciones y que incluya el correspondiente régimen sancionador, sin el cual, no se podría garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como el más importante de todos los derechos fundamentales, incluido en el artículo 15 de nuestra Constitución Española. Esto hace imprescindible la aprobación de una normativa en materia de Autoprotección, acorde a nuestras necesidades y circunstancias, adaptando los requerimientos mínimos que marca la Normativa de Autoprotección Nacional con umbrales más restrictivos y definiciones más esclarecedoras dentro de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias.

Las Titulaciones

Como ya se ha comentado, este estudio pormenorizado de las Titulaciones Universitaria y Habilitaciones Profesionales que en cierta manera guardar relación con el sector de la seguridad y las emergencias, unido a la aplicación en otras CC.AA. de la Norma Básica de Autoprotección, ha servido de fuente de análisis para alcanzar criterios que permitan argumentar una tesis, en referencia al Técnico Competente y su formación mínima exigible a la hora de redactar Planes de Autoprotección (PAU), por tanto, las conclusiones a las que se llega serían las siguientes:

  • Director de Seguridad Privada: al ser una habilitación expedida por el Ministerio del Interior, no está contemplada como Titulación Universitaria (Grado o Licenciatura), por lo tanto no se podría considerar Técnico Competente por sí misma, aunque sí como titulación básica para acceder a procesos formativos específicos que permitan su habilitación en materia de Autoprotección. Por otro lado esta figura se considera la más experimentada para la implantación y/o dirección técnica del mencionado PAU a expensas de las modificaciones que se incluyan en la futura Ley de Seguridad Privada[3].
  • Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros e Ingenieros Técnicos: aun siendo titulaciones universitarias, la normativa que proporciona competencias, no establece, más allá de sus atribuciones legales, relación directa por su formación curricular en materia de Emergencias y la Seguridad, entendida como “Security”, como tampoco quedan resueltas las carencias en lo concerniente a la gestión de recursos de emergencia y seguridad, riesgos naturales (meteorológicos, volcánicos, etc.) o antrópicos (tecnológicos), psicología personal y social, derecho civil y penal, criminología y gestión de catástrofes, lo que plantea la necesidad de incluir mejoras curriculares por medio de un plan formativo que complete sus conocimientos profesionales para acceder a la habilitación de Técnico Competente en materia de Autoprotección.
  • Técnico Superior en Riesgos Laborales: entendida desde la perspectiva de la Seguridad (Safety) cuya facultad prevencionista, no implica obligatoriamente una capacidad previsora, lo que permite afirmar que tampoco sería apropiado definirlo a priori como Técnico Competente para la redacción de Planes de Autoprotección que establece el RD 393/2007, sin que se hayan ampliado sus conocimientos curriculares en todo lo concerniente a riesgos externos, con un énfasis en: los naturales (meteorológicos, volcánicos, etc.) y los antrópicos (tecnológicos), así como aspectos más explorados desde la perspectiva de la Protección Civil como son: la psicología personal y social, derecho civil y penal, criminología y gestión de catástrofes.
  • Grado en Seguridad y Control de Riesgos: cuyo contenido curricular cumple las exigencias y determinaciones previstas en la Normativa de Autoprotección, no solo en su vertiente Safety como redactor de planes de autoprotección, sino en su vertiente Security como profesional capacitado, entrenado e instruido para poder dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta una actividad, actuando ante una Emergencia o Catástrofe lo más eficaz y eficiente posible.

Es evidente que el debate no queda cerrado con este análisis, si bien, los argumentos expuestos permiten a cualquier profesional interesado en esta materia, extraer sus propias conclusiones a expensas de que futuras normativas aclaren o definan en profundidad este debate, para lo cual se plantean las siguientes medidas a incluir:

  • Formación Curricular: las exigencias en materia de Autoprotección, unido a las necesidades actuales demandadas socialmente, hacen que todo Técnico Competente debe estar en posesión de, como mínimo, un Título Universitario que le permita entrar en un proceso selectivo para habilitarse en según que actividades de riesgos.
  • Proceso Formativo: solo en aquellos casos en que se carezca de dicha titulación universitaria, se permita el acceso a la habilitación a través de un proceso formativo concreto, adaptado a las actividades habilitantes según actividades concretas de riesgo.

Tabla Resumen de la NBA en las Comunidades Autónomas de España:


[1] En Canarias esta necesidad ha quedado resuelta con la aprobación del DECRETO 30/2013, de 8 de febrero, por el que se crea el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

[2] Informe sobre el libre ejercicio de las Profesiones del Tribunal de Defensa de la Competencia (junio 1992). [http://www.cncompetencia.es]

[3] Nueva Ley de Seguridad Privada fue aprobada por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que amplia las funciones del Director de Seguridad a las del Jefe de Seguridad, pero sin establecer criterios sobre la Autoprotección (Art. 7 y art. 36) o sus competencias curriculares de carácter universitario (Art. 29.1.b. Formación).

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