El Técnico Competente dentro de la Norma Básica de Autoprotección (II)

…Siguiendo con los argumentos mencionados en la primera parte de este artículo, decidí buscar una respuesta en las CC.AA. Realicé una búsqueda de normativas relacionadas con la seguridad, las emergencias, la autoprotección y los espectáculos públicos, en mi creencia de que sería aquí donde encontraría una respuesta clarificadora. Como resultado y en términos generales, varias normativas encontradas no definían específicamente al “TC” y otras me remitían al RD393/2007, volviendo otra vez al punto de partida. Fue en el País Vasco y Cataluña donde encontré algo de luz al respecto.

Normativa de Autoprotección de Cataluña

En línea con sus normativas autonómicas y sus competencias en materia de Seguridad y Emergencias, Cataluña tiene aprobada su propia normativa autonómica en materia de Autoprotección (Decreto 82/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección), junto con la Orden IRP/516/2010, de 8 de noviembre, sobre el procedimiento de acreditación del “TC” para la elaboración de planes de autoprotección en el ámbito de la protección civil. Permitiendo además el registro electrónico Planes de Autoprotección mediante la Orden INT/193/2011, de 28 de julio, por tanto, en Cataluña pueden obtener la acreditación para elaborar planes de autoprotección como Técnico Competente, los siguientes:

  • Personal con titulación universitaria con experiencia justificada. […]
  • Personal con titulación universitaria que supere un curso de formación o supere un examen. […]
  • Personal que haya prestado servicios como técnico/a en la dirección general (min. 3 años). […]
  • Los técnicos/as de protección civil de los municipios, de los consejos comarcales o de otros entes supramunicipales. […]

Otro aspecto diferenciador y único en materia de Autoprotección lo encontré en la sectorización de las actividades obligadas a contar con un Plan de Autoprotección que aparece en el Anexo I del Decreto 82/2010[1] y que establece tres epígrafes, para los cuales, cada titulado con las características formativas antes mencionadas, puede acreditarse en el epígrafe correspondiente a tenor del Art. 2.2 de la Orden IRP/516/2010.

Normativa de Autoprotección del País Vasco

Fue en esta Comunidad Autónoma donde, al igual que Cataluña, cuentan con diferentes normativas que han marcado un antes y un después en materia de Autoprotección siendo los primeros en aprobar la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, que ya en su Art. 14.1 y 15.2 comenzaba a hablar del Técnico Competente.

Años después, con el Art. 8 del Decreto 277/2010 de actividades, centros o establecimientos, se establecieron unos criterios mínimos, diferentes a todos los publicados para la elaboración de un plan, marcando umbrales entorno a los aforos o almacenamiento de productos. Dos años después entró en vigor la Orden de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Interior, que regula la acreditación del “TC” para la elaboración de Planes de Autoprotección. Una mirada rápida a su Art. 2 permite ver similitudes con los requisitos de Cataluña, pero existía una diferencia importante; se incluyen nuevas titulaciones universitarias, tales como; Grado en Seguridad y Emergencias, Master en Gestión del Riesgo y Emergencias, u otros Grados o Masters que les sean asimilables, así como otras Titulaciones de Seguridad o Prevención de Riesgos Laborales, reconocidas conforme a la normativa vigente que les cualifiquen del mismo modo.

Llegado a este punto no hubo más remedio que realizar la ardua tarea de analizar todas y cada una de las titulaciones o habilitaciones que más se acercaban a los conceptos de Seguridad (Safety y Security). Así que me puse a ello.

Análisis de Titulaciones Técnicas

Siguiendo la línea marcada por las Normativas Autonómicas mencionadas anteriormente, seleccioné Titulaciones Universitarias acorde a su carácter técnico, dado que es indispensable que el responsable de la redacción y/o implementación de los Planes de Autoprotección, tenga ciertos conocimientos técnicos relacionados con: ingeniería, planimetría, arquitectura, protección civil, análisis de riesgos, seguridad, prevención, redacción de procedimientos y gestión de recursos de emergencias y seguridad entre otros. Tampoco debemos olvidar aspectos psico-sociales que permiten realizar una buena praxis y actuar eficazmente en situaciones de crisis, sobre todo por el alto nivel de estrés que se padece cuando ocurre un incidente[2].

La ausencia de una serie de conocimientos transversales ha provocado que existan, por un lado, profesionales con formación exclusiva no universitaria, y por otro, titulados específicos, tales como; ingenieros o arquitectos, que por su naturaleza académica, eran los perfiles más propicios para las necesidades en materia de autoprotección, evidenciando, con el paso de los años, las carencias en materia de seguridad y emergencias que actualmente, las universidades; conscientes de esta necesidad, han resuelto con la creación de Grados Universitarios que especializan y capacitan en esta materia. Así pues, este análisis se centra en siete titulaciones, basándose exclusivamente en competencias curriculares:

Arquitectos / Arquitectos Técnicos e Ingenieros / Ingenieros Técnicos

Para entender mejor las atribuciones que se les confiere a estos titulados universitarios, en primer lugar hay que esclarecer las diferencias entre especialidades dentro del sector de la edificación, empezando por el Decreto 148/1969, de 13 de febrero, donde se observa que estos titulados tendrán la plenitud de facultades y atribuciones en el ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica, considerando como especialidad cada una de las enumeradas en su texto.

En lo que respecta a las atribuciones que se les concede a estos profesionales, se revisó la Ley 33/1992, de 9 de diciembre, de modificación, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Ley 12/1986), fruto de las modificaciones y correcciones sentenciadas por el Tribunal Supremo[3], sentándose como doctrina jurisprudencial el criterio de que las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos serán plenas en el ámbito de su especialidad respectiva, sin otra limitación cualitativa que la que se derive de la formación y los conocimientos de la técnica de su propia titulación y sin que, por tanto, puedan válidamente imponerles limitaciones cuantitativas o establecerse situaciones de dependencia en su ejercicio profesional respecto de otros técnicos universitarios.

Otra normativa que aportó más luz, fue la Ley 38/1999 sobre la Ordenación de la Edificación, también conocida como LOE, que desarrolla a la Ley 12/86 sobre atribuciones de los ingenieros y arquitectos técnicos, y establece las facultades y competencias de los técnicos en la redacción de proyectos.

Ingenieros e Ingenieros Técnicos

Fue en el análisis de estas dos titulaciones donde encontré mayor controversia por cuanto estas no serían equiparables entre sí en términos de contenidos curriculares, ya que los Ingenieros (también llamados Superiores) tienen un plan de estudios de 5 ó 6 años, mientras los Ingenieros Técnicos estaban considerados como Diplomaturas, por sus 3 años de estudio.

En términos de conocimiento, esta situación controvertida parece haberse resuelto con la entrada en escena de los Graduados en Ingeniería, observando como, dentro de sus actuales planes de estudio, se incluyen esas materias que en el formato anterior no se daban. Aun así, recordemos que los Ingenieros Técnicos desde el punto de vista legal, tienen las facultades y atribuciones que les confiere la mencionada Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, en el ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica, además de contar con ciertas competencias según la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

Directores de Seguridad Privada

Esta habilitación, surge en base al Reglamento de Seguridad Privada, teniendo en cuenta que no es hasta la publicación del Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada (RD 2364/1994), cuando el Director de Seguridad es reconocido como una categoría independiente dentro de la seguridad privada, puesto que, hasta entonces, sólo era una especialidad del Jefe de Seguridad.

Las funciones a desempeñar están contempladas en los artículos 95.2, 97 y 98 del Reglamento de Seguridad Privada (RD 2364/1994) y están condicionadas a la existencia de un Departamento de Seguridad dentro de la propia empresa, pudiendo ser de carácter obligatorio o voluntario, no estando contemplado en la vigente normativa, ni explícita ni implícitamente, la posibilidad de actuar como asesor profesional externo en materia de seguridad, puesto que esas funciones recaen en las empresas de seguridad privada (Art. 5.1.g, Ley 23/1992). Por tanto, su liberalización profesional como Asesor de Seguridad en cualquier modalidad contractual de prestación de servicios no parece posible[4]. Las funciones definidas son:

  • El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.
  • La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.
  • La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.
  • La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.
  • Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable.

Desde su aparición, varios han sido los intentos por darle más contenido a esta habilitación del Ministerio del Interior[5], que nació como refugio para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tras su labor policial pasasen a una merecida segunda actividad, la obtención de esta habilitación solo precisa de lo siguiente:

  • Estar en posesión de la titulación de seguridad reconocida, a estos efectos, por el Ministerio del Interior.
  • Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o de seguridad privada y superar las correspondientes pruebas a que se refiere el artículo 12 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.

Dicha “titulación se seguridad reconocida”, no es más que un título de extensión universitaria, programado e impartido por centros universitarios o centros de formación públicos y privados, adscritos a los primeros, y que deben estar reconocidos oficialmente por el propio Ministerio del Interior, para lo cual sus materias deben alcanzar un mínimo de cuatrocientas horas (Art. 6, Orden INT/318/2011).

Este aumento en la carga formativa con respecto a exigencias de años anteriores, y que en la práctica tampoco profundiza en materias específicas convenientemente cursadas y ejercitadas por otras titulaciones ya señaladas, no alcanza la categoría de titulación universitaria, como ocurre con las extintas Licenciaturas o Diplomaturas, actualmente denominados Grados (Véase Plan Bolonia). Son estas condiciones las que provocaron que pronto se convirtiera en una titulación ofertada por multitud de universidades que la proponían bajo convenios con otros centros formativos, sin apenas rigor formativo, perjudicando así a otras universidades y centros con una trayectoria claramente definida y respaldada por grandes profesionales que dignifican esta profesión como ha sido Belt Ibérica o la propia UNED, y que han venido demostrando su formación en la planificación de la seguridad como elemento integrador con otras disciplinas dentro de las empresas españolas.

Bien es cierto que el propio Reglamento de Seguridad Privada (RD 4/2008) establece en su Art. 95.2 y 116 las funciones propias del Director de Seguridad, pero en él se puede interpretar que su actuación y responsabilidad se limita a las actuaciones en caso de producirse la emergencia, lo que le refuerza como el profesional mejor capacitado en la gestión y coordinación de los recursos intervinientes en materia de Protección Civil dentro de su actividad, ya que ambas normativas (Reglamento de Seguridad Privada y NBA) parten del Ministerio del Interior (competente en materia de Protección Civil).

Por último, es necesario mencionar que en el transcurso del presente estudio, el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó el Proyecto de Ley de Seguridad Privada[6] que había sido aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 14 de junio de 2013. Sin entrar a analizar dicho Proyecto de Ley, el cual no es objeto de este artículo, cabe destacar, en lo concerniente al tema que nos ocupa, que el Director de Seguridad pudiera necesitar estar en posesión de un Título Universitario de Grado en el ámbito de la seguridad, al hilo de lo que se interpreta de la lectura del Art. 29.1.b (salvo error u omisión en el propio texto del Proyecto de Ley), cambiando también las funciones del Director de Seguridad mencionadas anteriormente, donde llama la atención la ausencia a cuestiones relacionadas con la Protección Civil, si bien, profundiza en materia de análisis y evaluación de riesgos, sin especificar si se trata en exclusividad del entorno de la Seguridad o también se incluye el ámbito de las Emergencias y la Protección Civil. Mención especial merece la redacción del Art. 7 del mencionado Proyecto, cuya redacción, demasiado enrevesada, se deja en manos del lector para su interpretación[7].

Técnico Superior de Riesgos Laborales

Estos profesionales, autodenominados “Prevencionistas” dedican sus esfuerzos a la prevención de los riesgos dentro del ámbito laboral, sin embargo sus facultades previsoras no quedan del todo asumidas, ya que estas atribuciones prevencionistas están supeditadas a tres niveles de titulación, a tenor del art. 34 del REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siendo éstos: Técnico Básico, Técnico Intermedio y Técnico Superior. De estos tres niveles, se descartan los dos primeros, motivado por su escasa carga lectiva[8], prestando más atención a la especialidad de Técnico Superior.

Siguiendo lo establecido por el Reglamento de los Servicios de Prevención, se establecen cuatro especialidades posibles dentro de la modalidad de Técnico Superior en Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y Medicina del Trabajo, quedando esta última descartada por estar reservada a personal sanitario (Médicos y ATS/DUE).

En cuanto a las materias contenidas en cada una de las tres restantes especialidades, tras una revisión más rigurosa de su plan formativo que aparece en el propio Reglamento, se observa que ninguna de ellas guarda relación directa con materias relacionadas con la seguridad y las emergencias salvo la especialidad de Seguridad en el Trabajo, donde se definen unos contenidos mínimos, que no son otros que la obligación de que los Técnicos de Nivel Superior conozcan los conceptos referidos a los Planes de Emergencia y Autoprotección[9], lo que pone en duda si efectivamente esos contenidos son los adecuados y con el suficiente nivel para acometer la redacción de un Plan de Autoprotección conforme a las exigencias de la Norma Básica de Autoprotección.

Por este motivo y con el objetivo de poder solventar esta duda, se tomaron como ejemplo los manuales de contenidos formativos para la modalidad de Seguridad en el Trabajo del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (Plan 2010, No presencial)[10], encontrando sólo dos Unidades Didácticas que acometen aspectos relacionados con la Autoprotección. Entrando en profundidad, podemos afirmar que un Técnico Superior en prevención de Riesgos Laborales elabora las evaluaciones de riesgos relacionados con cada puesto de trabajo dentro de una empresa, llevando a cabo todas aquellas medidas correctoras que sean necesarias según su criterio. Siendo el responsable de planificar la actividad preventiva, preparar y proporcionar formación a los trabajadores e informarles de los riesgos intrínsecos que conlleva su puesto de trabajo, así como de las medidas preventivas y equipos de protección individual que deben usar, sirviendo en algunos casos, de interlocutor entre el trabajador y la dirección de la empresa, la cual está obligada a proporcionar dichas medidas y equipos de protección individual. También es el responsable de elaborar los planes de actuación en caso de emergencias y los planes de evacuación (por ejemplo en caso de incendio), estableciendo los protocolos a seguir para una correcta evacuación de las instalaciones, pero sin entrar a valorar las medidas a tomar o la forma de actuar sobre la propia gestión de la emergencia; es decir, no establece cómo solventar la emergencia, sino como protegerse de ella.

En este sentido, la responsabilidad en estas actuaciones es muy elevada, por cuanto hablamos de la vida de los trabajadores, con una clara responsabilidad penal y/o civil al respecto, en sus diversas variables; in vigilando e in eligendo (Art.1101, Art. 1902 del C. Civil) o in operando e in omittendo por su propia negligencia (C. Penal). De ahí la importancia de ser escrupuloso en las responsabilidades y funciones, y dejar evidencia escrita de todo lo que son obligaciones por parte del técnico y/o la empresa en esta materia.

Graduados en Seguridad y Control de Riesgos

Por último, les hablaré de una titulación de reciente creación; el Título de Grado en Seguridad y Control de Riesgos, adscrito a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, y perteneciente a la Universidad de Las Palmas de G.C., cuyas asignaturas se han desarrollado, adaptando el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales actuales, con una mejora en su calidad y competitividad a través de una mayor transparencia y un aprendizaje acorde a las actuales demandas sociales.

Módulo Jurídico

Este módulo consta de una formación básica en materia jurídica, adscrita a la materia: Derecho de la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Su estructura permite al graduado adquirir competencias relacionadas con la deontológica y criminológica desde un punto de vista jurídico. Su estructura permite conocer la organización administrativa del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos y la organización de los cuerpos y fuerzas de Seguridad (Estatales, Autonómicas y Municipales), obteniendo una visión amplia de los delitos, su impacto y su relación con la ciudadanía, así como elementos básicos de formación para la seguridad y las emergencias.

Contenidos en Seguridad

El módulo de seguridad engloba asignaturas básicas, obligatorias y optativas, buscando alcanzar los aspectos más relevantes de un campo muy extenso y global. Partiendo de la visión generalista de la titulación de grado, se han estructurado materias de carácter amplio, que van desde los medios y modelos de protección de personas, instalaciones y bienes, hasta los campos de la seguridad operacional, la seguridad del entorno y la gestión de recursos humanos en materia de seguridad, aportando una visión global de la seguridad en todos sus aspectos (Safety & Security), donde a través de las asignaturas optativas, el alumno puede configurar y ampliar sus campos de conocimiento con materias más específicas dentro de la propia seguridad pública y/o privada.

Contenidos en Control de Riesgos

La gestión de las situaciones de riesgo y las contingencias de diferente índole, junto con su aplicación en el terreno, son los objetivos de este módulo, siendo estas situaciones de emergencias, su análisis y su control de riesgos, el denominador común que abarca el extenso conocimiento de la Protección Civil; su normativa, sus responsabilidades, fórmulas de gestión y análisis de los riesgos en materia de autoprotección, etc. Con este módulo el graduado está ampliamente capacitado para aplicar estos conocimientos, necesarios para el manejo de crisis en los diferentes niveles operacionales; Municipal, Insular, Autonómico, Nacional e Internacionales.

Contenidos Psico-sociales

Dado el carácter humano-céntrico de la titulación, no se podía obviar la formación psicológica y sociológica. Este módulo de carácter mixto, engloba diferentes disciplinas y materias básicas, obligatorias y optativas, que permiten al graduado estructurar sus conocimientos técnicos bajo el paraguas de un campo filosófico y social que complementa esta formación más técnica, potenciando el pensamiento y razonamiento; crítico y analítico, imprescindibles para desarrollar su actividad laboral dada su proyección humano-céntrica.

Contenidos Técnicos y Logísticos

La tecnología y la logística son dos áreas del conocimiento imprescindibles para la seguridad y las emergencias. Al ser éstos campos de características muy diversas, se ofertan asignaturas que permiten al estudiante, disponer de formación necesaria para hacer frente a los requerimientos técnicos y logísticos que demandan las empresas y organismos del sector, cubriendo las áreas tecnológicas y de organización; con conocimientos concretos en materia de análisis de riesgos, planificación y gestión de emergencias.

Todos estos contenidos forman un marco formativo que trata de completar todas aquellas áreas no incluidas en el resto de titulaciones mencionadas anteriormente, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades profesionales que demanda la sociedad actual, más enfocada hacia la Seguridad Humana[11]. (Continuar…).


[1] Catálogo de actividades y centros de interés para la protección civil de Cataluña (con y sin reglamentación sectorial específica) […]. Criterios genéricos para declarar una actividad de interés para la protección civil de Cataluña […]. Catálogo de actividades y centros de referencia para la protección civil local […]
[2]Si bien es cierto que el redactor de un Plan de Autoprotección no tiene obligación de ocupar la figura del Director del Plan o Jefe de la Emergencia/Seguridad, quedando la redacción del mismo simplemente como un acto contractual entre las partes. Es lógico pensar que su aplicación debe estar basada en los conocimientos y actuaciones que conlleva una emergencia, ya que en el supuesto de que sus indicaciones y protocolos no fuesen los correctos, una vez finalizado el trabajo, se mantiene su responsabilidad civil y penal como redactor.
[3]Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª). Sentencia de 28 febrero 2000 RJ 2000\801 y Sentencia de 20 enero 2000 RJ 2000\21. [www.westlaw.es]
[4]Respuestas de la Secretaría General Técnica sobre diversas cuestiones relacionadas con el régimen jurídico de los Directores de Seguridad Privada. Este autor no entiende cómo dichas respuestas se encuentran publicadas en la web del Ministerio del Interior sin fechar ni firmar por autoridad alguna. [http://www.interior.gob.es/respuestas-de-la-secretaria-general-tecnica-47/seguridad-privada-885/otro-personal-de-seguridad-904
[5]La Asociación Española de Directores de Seguridad Nexum, en escrito, dirigido al Ministro de Fomento, propuso que las funciones que el Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, otorga a los consejeros de seguridad, sean asumidas por los directores de seguridad contemplados en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, previa acreditación de haber recibido la formación regulada en el anexo al Real Decreto 1566/1999, y de haber superado las pruebas correspondientes. Dicha propuesta fue denegada. [http://www.interior.gob.es/file/52/52756/52756.pdf]
[6]Boletín Oficial de las Cortes Generales: Congreso de los diputados X legislatura. Serie A: Proyectos de Ley 21 de junio de 2013 Núm. 50-1. 121/000050 Proyecto de Ley de seguridad privada.
[7] La nueva Ley de Seguridad Privada fue aprobada por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que amplía las funciones del Director de Seguridad a las del Jefe de Seguridad, pero sin establecer criterios sobre la Autoprotección (Art. 7 y art. 36) o sus competencias curriculares de carácter universitario (Art. 29.1.b. Formación).
[8]RD 39/1997, Art. 35.2.a) Funciones de nivel básico:
50 horas. Art. 36.2 Funciones de Nivel Intermedio: 300 horas. Art. 37.2 (Mod RD 337/2010) Funciones de Nivel Superior: “…será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.”
[9]Este autor quiere recordar que el Reglamento de Servicios de Prevención data del año 1997, por tanto su definición de Autoprotección hace pensar que se refería a la anterior Orden del Ministerio del Interior de 29 de noviembre de 1984, que recordemos era una simple guía general.
[10]Master en modalidad no presencial de Riesgos Laborales de la Universidad de Las Palmas de G.C. (Plan 2010):
Manual: Introducción a la Seguridad Laboral Pág. 319 a 337. Autor: José Vega.
Manual: Seguridad frente a riesgos específicos Pág. 268 a 273. Autor: Francisco Caballero.
[11] Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994); Juan Pablo Fdz, 2005; et al)

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