El Técnico Competente dentro de la Norma Básica de Autoprotección (I)

(domingo, 29 de septiembre de 2013)

Introducción

Muchas han sido las dudas sobre la definición de “Técnico Competente” en las diferentes normativas que regulan la necesidad de proyectar dentro del colectivo de Arquitectos e Ingenieros y sus diversas especialidades, así como otros profesionales que venían desarrollando su actividad en esta materia. Cuestiones que parecen haberse aclarado con la resolución de numerosas sentencias del Tribunal Supremo que han marcado una jurisprudencia al respecto.

Pero resulta que es en 2007, con la entrada en vigor del RD 393/2007, de 23 de Marzo, por la que se aprobó la “Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia“, donde se pone nuevamente en debate la definición de “Técnico Competente” (en adelante TC) que se menciona en su Art. 4.1.b[1] y en su Apdo. 3.3.1, por cuanto ahora, no hablamos de proyecciones relacionadas con estructuras, caminos o edificaciones, sino sobre la redacción de Planes de Autoprotección encaminados a la actuación en caso de emergencias, el establecimiento de una jerarquía de mando y el análisis de los riesgos que están inmersos en la propia actividad objeto del plan.

A nadie se le escapa que esta normativa abre un nuevo campo de trabajo para muchos profesionales, sobre todo a los Arquitectos e Ingenieros, tocados por la actual situación de crisis que afecta a España desde 2006, por tanto en este primer artículo del un total de tres, busca aportar algo de luz sobre el tema, con la intención de que aquellos titulares de actividades obligadas a contar con un Plan de Autoprotección puedan decidir la contratación del profesional que más le convenga según sus necesidades.

El Origen de la Norma Básica de Autoprotección

Una de las principales diferencias que he encontrado en la Norma Básica de Autoprotección, RD393/2007 (en adelante, NBA) con respecto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 (en adelante, LPRL) es su origen, ya que la NBA fue aprobada por el Ministerio del Interior y la LPRL por el antiguo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Esto me llevó a comprender por qué en el mundo anglosajón existe una diferencia en la acepción SEGURIDAD; separando lo que es Safety (Prevención), de lo que es Security (Protección), logrando una primera deducción; la SAFETY, es la minimización del riesgo de ocurrencia de accidentes e incidentes graves (Prevención), y la SECURITY, se encarga del control de los incidentes; su actuación, gestión y coordinación para proteger a las infraestructuras, los bienes y las personas contra actos de interferencia ilícitos (Protección), de hecho el propio RD 393/2007 ya destaca en su Introducción, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), tiene como objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Sin embargo este ámbito de protección abarcado por la LPRL, no es siempre coincidente con el que debe corresponder a la autoprotección a que se refiere la Ley 2/1985, de 21 de enero (Ley de Protección Civil), lo que me lleva a una primera conclusión: la LPRL será la Safety y la NBA será la Security o seguridad personal.

Dentro de esta seguridad personal (Security), existen dos términos; la Urgencia y la Emergencia, que en la práctica, son interpretadas de una manera subjetiva por parte del ciudadano, que por regla general no tiene conocimientos técnicos para diferenciarlos, pero que podemos afirmar que guarda una estrecha relación con el conocimiento que cada persona tiene de sí mismo y de lo que para él es una situación que demanda una pronta atención por parte de profesionales especializados en según qué situaciones. De hecho, en la mayoría de los casos me encuentro que quienes alertan de un suceso o incidente no diferencian entre una urgencia y una emergencia, algo que para cualquier profesional involucrado dentro de estas situaciones es obligatorio conocer, puesto que la valoración y el análisis de estos dos términos, permite gestionar los recursos que mejor se adapten a las necesidades de cada situación. Para ello, debemos partir de un principio universal; la vida de las personas, que recordemos, es uno de los Derechos Fundamentales que establece el art. 15 en la Constitución Española (CE), y que, dada su importancia, merece la pena que lo repitamos: “la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y la integridad física…”. Tampoco hay que olvidar el concepto de Autoprotección que nos indica la propia NBA (Art. 1.2): “…sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil”.

Todos estos conceptos nos ayudarán a entender mejor las cualidades y conocimientos, que por mi experiencia, deben saber y dominar aquellos profesionales que finalmente definamos como Técnicos Competentes en materia de Autoprotección.

Titulaciones con Competencias o Atribuciones

Siguiendo con la búsqueda de la definición del TC, dentro de nuestro modelo español, existe una reserva en nuestra Constitución Española para el ejercicio de las profesiones tituladas (artículo 36, CE), y que además, se ha de tener en cuenta que el derecho comunitario europeo impone la obligatoriedad del reconocimiento de cualificaciones profesionales de todos los países miembros[2], por tanto, en ningún caso, las titulaciones que se establezcan pueden limitarse estrictamente a las españolas.

En mi búsqueda por encontrar una definición del Técnico Competente, existe una definición que podría dar luz a este dilema, y que viene recogido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, sobre las cualificaciones y la formación profesional, que define en su Art. 7.3.b la competencia profesional: “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.

Esta definición sobre la competencia profesional guarda una estrecha relación con las competencias que puede ejercer un Técnico, por cuanto ambos comprenden un conjunto de capacidades de diferente naturaleza que permiten conseguir un resultado, estando vinculado al desempeño profesional, por tanto no es independiente del contexto, dado que expresan los requerimientos formativos valorados conjuntamente en la relación hombre-trabajo, pero aún así seguía sin tener claro quien puede considerarse Técnico Competente.

Así que, teniendo en cuenta que son las propias Administraciones Públicas los órganos competentes de informar y recibir la documentación del Plan de Autoprotección de las actividades, centros, establecimientos o instalaciones señaladas en el Anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, parece razonable creer que les corresponderá a estos dictaminar qué titulaciones o profesionales son considerados como Técnicos Competentes, lo que me llevó a la ardua tarea de buscar una respuesta en todas las Comunidades Autónomas de España, para ver si contaban con su propia normativa de autoprotección y si en ella existía una definición clara del Técnico Competente, encontrándome con que sólo el País Vasco y Cataluña tenían su propia normativa de autoprotección y además respondían en cierta manera a este dilema en función de varias titulaciones concretas[3].

Serán estas titulaciones las que analizaremos en la segunda parte de este artículo (Click aquí).

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[1] Art. 4.1.b (RD393/2007): “El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad”.
Apdo. 3.3.1 (NBA): “El Plan de Autoprotección habrá de estar redactado y firmado por técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad, y suscrito igualmente por el titular de la actividad, si es una persona física, o por persona que le represente si es una persona jurídica”.

[2] (Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, cuyo plazo de transposición terminó el 20 de octubre de 2007).

[3] No se ha tenido en cuenta la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias de la Comunidad Autónoma de Baleares por ser anterior a la entrada en vigor de la NBA, si bien es actualmente la única que ha definido al Técnico Competente en función de su profesión y no de la formación.

Bibliografía

  • Ballbé, M. (2006). Seguridad humana: del estado anómico al estado regulador, prólogo a la edición española. En Hood, C. y otros, El gobierno del riesgo. Barcelona: Ed. Ariel.
  • Tribunal de Defensa de la Competencia (1992). Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones (España).
  • Fernández Pereira, J. P. (2005). Tesis Doctoral: Seguridad Humana. Programa de Doctorado en seguridad y prevención, Universidad Autónoma de Barcelona (España).
  • Marcos Fernández, Francisco (2002). La lucha contra las restricciones a la libre competencia en el mercado de servicios profesionales. Artículo publicado en la Gaceta Jurídica de la UE y de la Competencia. nº19.

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